La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología ha publicado la resolución definitiva de la Convocatoria de Proyectos I+P para el fomento de la cultura de la innovación pública 2025, por la que se han destinado 2.937.466 de euros a la puesta en marcha de actuaciones para mejorar las políticas públicas mediante la colaboración entre las administraciones públicas y la comunidad científica.
La Convocatoria de Proyectos I+P —que FECYT desarrolla en colaboración con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico (ONAC)— se enmarca en el subprograma de Fomento de la Cultura Científica y la Participación Ciudadana en I+D+I, dentro del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de la Innovación 2024-2027. Este subprograma se dirige a incrementar las capacidades de divulgación y comunicación de la I+D+I a la sociedad y de influir en las decisiones políticas y económicas, e incluye instrumentos, como esta convocatoria, que promueve el asesoramiento científico para una toma de decisiones informada a través del conocimiento científico.
La resolución incluye un total de 67 actuaciones que 44 organizaciones -universidades, fundaciones públicas y agencias estatales, entre otros- llevarán a cabo en todo el país. Las actuaciones movilizarán un total de 6.091.732 euros entre la financiación de la convocatoria, la de la entidad solicitante y la de otras entidades públicas y privadas. Las actuaciones financiadas comienzan a ponerse en marcha a partir del 11 de mayo y tienen una duración máxima de dos años.
El 45% de las actuaciones se llevarán a cabo en colaboración con una administración estatal, como un ministerio. El 36% se llevará a cabo con una administración autonómica, como una consejería, y el 19% con una administración local, como un ayuntamiento. Estos datos reflejan que todos los niveles de la administración pública pondrán en marcha actuaciones informadas por el conocimiento científico para mejorar sus políticas públicas.
Actuaciones financiadas
Entre las actuaciones financiadas en la subcategoría A1 de estudios piloto para informar el diseño de una política pública se encuentra, por ejemplo, el proyecto CO-VISIBLES. Medición y análisis de experiencias de trata en mujeres privadas de libertad: un estudio piloto para informar políticas sociales penitenciarias y promover el bienestar socioeducativo, coordinado por la Universidad Autónoma de Madrid en colaboración con el Ministerio del Interior. El proyecto combina investigación científica y co-creación institucional, con la implicación de universidades, profesionales penitenciarios y agentes sociales. Sus resultados aportarán datos inéditos y facilitarán decisiones basadas en evidencias para reforzar la detección de mujeres víctimas de trata privadas de libertad en España, mejorar la atención integral y prevenir la revictimización.
También en la categoría A1, el proyecto Red regional integrada de zonas marinas de alto valor ecológico en la demarcación levantino-balear identificará áreas marinas ecológica o biológicamente significativas basándose en los criterios del Convenio sobre la Diversidad Biológica e incorporando el cambio climático en la demarcación levantino-balear. Liderado por el CSIC en colaboración con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, este proyecto busca compatibilizar la conservación con el desarrollo sostenible de actividades como la pesca, mediante una zonificación basada en datos. este proyecto propone un mecanismo cuantificable, reproducible y revisable para la planificación espacial marina, que integra datos sobre biodiversidad, hábitats y especies de interés pesquero, junto con factores de estabilidad ambiental.
Dentro de la subcategoría A2 de otros proyectos orientados a mejorar el diseño de una política pública se encuentra Agendas de reconstrucción: integrando agenda urbana e innovación para la resiliencia climática del territorio. El caso de la DANA de Valencia. El proyecto, desarrollado por la Universitat Politècnica de València en colaboración con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, analiza las Agendas de Reconstrucción como instrumentos innovadores de gobernanza para la transformación y la resiliencia urbana tras la DANA de Valencia. Los resultados pretenden contribuir a consolidar un modelo de actuación post-catástrofe para la Administración General del Estado que sea transferible a otros municipios, y contribuya al desarrollo de capacidades transformadoras en contextos post-desastre y establezca bases metodológicas para futuras intervenciones similares a nivel nacional.
También en la subcategoría A2 encontramos el proyecto: Efectividad de la asistencia prestada a los pacientes con cáncer de mama y cáncer colorrectal en el Sistema Nacional de Salud: utilización de técnicas de minería de procesos para informar políticas para su mejora, liderado por el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud en colaboración con el Ministerio de Sanidad. El objetivo del proyecto es mejorar la efectividad y reducir los tiempos de espera en el Sistema Nacional de Salud para pacientes con cáncer de mama y colorrectal.
En cuanto a los programas y actividades y asesoramiento científico financiados en la categoría B se encuentra Asesoramiento científico al Punto Focal Nacional de España en la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas para la revisión de evaluaciones y la preparación de posiciones. Liderado por el Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales en colaboración con Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el impacto esperado del proyecto es doble: a corto plazo, incrementar el número y puntualidad de los comentarios españoles a los borradores de las evaluaciones de la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas, y mejorar la preparación técnica del Punto Focal Nacional; a medio plazo, consolidar un mecanismo estable de asesoramiento científico en biodiversidad en España, que refuerce la capacidad de influencia del país en dicha plataforma y fortalezca la cultura de decisiones basadas en ciencia.
Otro ejemplo en la categoría B es Cultura Pública Rural: asesoramiento científico para el diseño de políticas culturales en municipios de menos de 5.000 habitantes. Es un programa piloto de asesoramiento científico en el diseño de políticas culturales en el medio rural aragonés. Impulsado por la Universidad de Zaragoza, en colaboración con la Diputación Provincial de Zaragoza, el proyecto busca desarrollar herramientas, indicadores y metodologías adaptadas al contexto de municipios de menos de 5.000 habitantes, donde el acceso a la cultura es más limitado.
Estos proyectos, programas y actividades financiadas se centran en mejorar políticas públicas, fomentar la investigación científica aplicada y proporcionar asesoramiento científico en diversos campos como salud pública, medioambiente y sostenibilidad, e igualdad e inclusión, entre otros.
Solicitudes admitidas y concedidas por categoría

Solicitudes concedidas por tipo de entidad y comunidad autónoma de la entidad solicitante
En cuanto a la distribución por tipo de entidad solicitante, las universidades públicas representan el 58% de las solicitudes concedidas. Se les han otorgado un total de 39 ayudas. A continuación, se posicionan las agencias estatales y fundaciones públicas que llevarán a cabo 6 y 5 actuaciones, respectivamente.
Andalucía se posiciona a la cabeza en cuanto a solicitudes aprobadas por comunidad autónoma de la entidad solicitante, con 16 actuaciones (un 24% del total). Madrid ocupa el segundo lugar, con 15 actuaciones (un 22% del total).